Investigaci�n de atrocidades
�lvaro Jos� Baldiz�n Aviles
fue jefe del Departamento de
Investigaci�n del
Directorado para Asuntos
Internos del Ministerio
Nicarag�ense del Interior.
El Departamento de Estado
norteamericano lo ha
descrito como el "desertor
m�s valioso de Nicaragua",
un "tesoro de informaci�n
detallada" sobre la forma en
que el gobierno comunista de
Nicaragua trabajaba, y "el
experto mundial en este
informe sobre derechos
humanos". El 1 de julio de
1985 vade� el R�o Coco hacia
Honduras y pidi� asilo
pol�tico a los americanos.
Tras sus investigaciones,
Baldiz�n ha resumido al
r�gimen Sandinista como
"sangriento y corrupto".
�l quiso desertar por largo
tiempo, pero tuvo que
esperar hasta que una
investigaci�n lo llev� cerca
de la frontera,
permiti�ndole salir. Un a�o
antes hab�a tratado de irse
de su trabajo de
investigaciones de
atrocidades y le hab�an
dicho que su conocimiento
era tan sensible que no era
posible. Si se iba, tendr�a
que ir a un campo de
detenci�n militar, le
dijeron. Hacia el final
tem�a por su vida, pensando
que era posible que lo
asesinaran para asegurar su
silencio.
Baldiz�n creci� como
adolescente bajo la
dictadura de Anastasio
Somoza. Dej� la escuela
diurna a los 16 a�os y
trabaj� como conductor para
una compa��a de ca�os
pl�sticos en Managua,
mientras continuaba sus
estudios en la escuela
nocturna. Manejaba una
furgoneta Volkswagen blanca
y llevaba ca�os pl�sticos a
toda Nicaragua. Entre los
ca�os escond�a armas y
municiones como mensajero de
las fuerzas sandinistas.
Lleg� la revoluci�n y a la
asunci�n del poder de los
Sandinistas, Baldiz�n se
uni� a la nueva fuerza de la
polic�a. Dijo: "Me un� a
la polic�a Sandinista con
una visi�n rom�ntica.
Esperaba participar en la
creaci�n de un tipo
diferente de polic�a, uno
que estar�a caracterizado
por principios
humanitarios".
Ascendi� r�pidamente al
puesto de Jefe de Polic�a en
una peque�a estaci�n
policial, nro. 15, en la
Ciudad Sandino, en las
afueras de Managua. En
septiembre de 1980 fue
escogido para ir a la Uni�n
Sovi�tica para un
entrenamiento policial de un
a�o, que tuvo en Volgogrado.
A su regreso le dieron
r�pidas promociones y en
abril de 1982 el
extremadamente sensible
trabajo de Investigador
Especial en el Ministerio
del Interior.
El gobierno nicarag�ense
cre� una comisi�n especial
de investigaciones dentro
del Ministerio del Interior
como parte de un esquema
para manejar las cr�ticas de
su registro de derechos
humanos. Estas ven�an
principalmente a trav�s de
la Comisi�n Interamericana
sobre Derechos Humanos, que
estaba pidiendo
explicaciones al gobierno
Sandinista por cientos de
personas desaparecidas y las
muertes de oponentes
pol�ticos.
Baldiz�n recibi� el trabajo
de investigar todas las
quejas de atrocidades y la
autoridad por el ministro
del interior, Tom�s Borge,
para ver los registros de
todos los funcionarios y
tomar informaci�n de
testigos y participantes.
Ten�a una copia de una carta
"A quien corresponda" con el
sello del Ministerio y la
firma del ministro, en la
cual �l "ordena a
autoridades civiles y
militares presentar toda la
colaboraci�n necesaria que
el Camarada Subteniente
Baldiz�n solicite". Eso
significaba que era un
subordinado directo del
ministro.
Su trabajo era investigar
objetivamente las
atrocidades e informar de
todos los hechos a Borge.
Otra unidad del
departamento, llamada
Comisi�n T�cnica, escribir�a
un informe p�blico muy
distinto si era necesario
blanquear algo.
Asesinatos 1979-81
Algunos de los primeros
casos que la oficina de
Baldiz�n tuvo que investigar
ten�an que ver con
asesinatos que se report�
que hab�an ocurrido poco
despu�s de que los
Sandinistas tomaran el poder
en julio de 1979.
Entre julio de 1979 y marzo
de 1980, m�s de 80 oponentes
del nuevo r�gimen Sandinista
fueron capturados y
asesinados en la zona
Granada de Nicaragua bajo la
autoridad personal del
Comandante FSLN Reinerio
Ordo�ez Padilla. Cuando los
familiares de las personas
desaparecidas se quejaron
ante la oficina del fiscal
militar en Managua, Ordo�ez
fue arrestado y llevado a
Managua.
Nunca se le llev� a juicio,
a pesar de la extensa
evidencia en su contra, y
fue liberado 15 d�as despu�s
por orden del Capit�n
Montealegre. Aqu�l era el
fiscal militar en ese
entonces, y sigui�
instrucciones del
Directorado Nacional del
FSLN. El partido excus� las
acciones de Ordo�ez diciendo
que estaba sufriendo
psicosis debido a su
destacado desempe�o durante
las victorias en Masaya y
Jinotepe durante la
revoluci�n.
Los inspectores en la
oficina de Baldiz�n
revisaron la ficha del
fiscal en este caso en 1983
y encontraron que conten�a
m�s de 150 p�ginas de
evidencia s�lida contra
Ordo�ez. Es m�s, Ordo�ez con
frecuencia hablaba sobre sus
acciones en Granada y dec�a
que �l personalmente mat�
gente con su rifle
autom�tico.
La Comisi�n Permanente
independiente para Derechos
Humanos tambi�n investig�
este caso y su informe
verifica lo que Baldiz�n ha
reportado.
Plan contra asilados
En 1981, el DGSE, bajo
�rdenes de Borge, prepar� un
plan para asesinar a un
grupo de nicarag�enses que
hab�an pedido asilo en la
embajada guatemalteca. Los
asilados eran antiguo
personal de la Guardia
Nacional nicarag�ense y del
gobierno, que hab�an vivido
en la embajada desde la toma
Sandinista en julio de 1979,
y a quienes el gobierno
hab�a rehusado entregar
papeles de salvoconducto
para que pudieran dejar el
pa�s.
El DGSE puso un asilado
falso en la Embajada
guatemalteca que dijo que
amigos suyos que lo
visitaron en la embajada en
realidad eran
contra-revolucionarios que
preparaban un plan de escape
para �l. El falso asilado
invit� a otros asilados a
un�rsele y algunos
aceptaron.
El DGSE infiltrado y los
asilados que hab�a enga�ado
dejaron la embajada trepando
una muralla. Fueron a un
rancho en la falda de las
monta�as cercanas a Managua
donde fueron capturados y
asesinados por miembros del
Departamento F-1 bajo la
orden del Teniente Ra�l
Castro Gonz�les, jefe del
departamento.
Castro hab�a planificado la
operaci�n en conjunto con
oficiales del Departamento
F-2 que monitoreaban los
establecimientos
diplom�ticos y el personal.
Falsa clemencia
A mediados de 1981, ocho
prisioneros en la
Penitenciar�a Zona Franca
desarmaron a tres guardias
de prisi�n e iniciaron un
levantamiento en uno de los
edificios de la prisi�n.
Despu�s de un intercambio de
disparos entre los guardias
y los prisioneros por varias
horas, Borge dijo a los
prisioneros que entregaran
sus armas y se rindieran
prometi�ndoles que sus vidas
no estar�an en peligro. Tan
pronto como los prisioneros
regresaron a sus celdas,
Borge orden� la ejecuci�n de
los ocho que comenzaron el
amotinamiento. El Teniente
Ra�l Castro Gonz�les del
DGSE llev� a los ocho
hombres detr�s de uno de los
bloques de prisi�n y los
ametrall� mientras Borge y
Humberto Ortega Saavedra, el
Ministro de Defensa,
observaban.
M�s tarde, el Ministerio del
Interior public� un
comunicado oficial en que
reportaban que los
prisioneros hab�an muerto en
la lucha durante el
levantamiento
El incidente descrito
ilustra una pr�ctica com�n
de los Sandinistas en que
arrestaban a una cantidad de
personas y luego, tras la
interrogaci�n - con
frecuente uso de tortura -
separaban a aquellos de los
detenidos que ten�an m�s
potencial de liderazgo y los
mataban. Los restantes, sin
saber nada del destino del
grupo asesinado, eran
enviados a prisi�n. Si los
Sandinistas despu�s recib�an
muchas preguntas del IACHR
sobre las personas que
hab�an desaparecido, el
gobierno ubicaba a aquellos
que segu�an en prisi�n para
mostrar que todav�a estaban
vivos. Los funcionarios de
gobierno negaban que los
capturados hubieran muerto,
o alegaban que hab�an muerto
en combate o se hab�an unido
a los Contras.
Reglas concernientes a
medidas especiales
Inmediatamente despu�s de la
toma de 1979 y hasta fines
de 1981, los asesinatos de
oponentes pol�ticos del
r�gimen Sandinista hab�an
sido realizados
caprichosamente. A fines de
1981, el Ministro del
Interior Tom�s Borge firm�
una orden secreta que
estandarizaba la aplicaci�n
de "medidas especiales", es
decir, la ejecuci�n ilegal
de enemigos pol�ticos del
r�gimen Sandinista.
Hay solo una copia de este
documento, que est�
clasificado como "Secreto de
Estado" y titulado: "La
estandarizaci�n de la
aplicaci�n de Medidas
Especiales contra elementos
del enemigo potencial y
criminal potencial a trav�s
del territorio nacional".
En los primeros d�as de la
Revoluci�n muchos servidores
del Estado encontraron
aceptable que hubiese
muertes �incidentales�, pero
con el paso del tiempo se
crearon una serie de reglas
llamadas "Reglas
concernientes a medidas
especiales".
La realidad es que "medidas
especiales" - explic�
Baldiz�n - era el t�rmino
oficial usado en Nicaragua
para describir la tortura y
los asesinatos, sin cargos o
juicio, de personas juzgadas
como oponentes de la
revoluci�n. El Ministerio
del Interior sosten�a que
las Reglas indicaban que las
"medidas especiales" deb�an
ser autoridades por orden
directa del Ministro Tomas
Borge y su primer
Viceministro, Lu�s Carri�n
Cruz.
El asesinato de oponentes
pol�ticos primero deb�a
proponerse al Ministro o su
sustituto por al menos una
de 11 personas: el Jefe de
Polic�a, el Jefe de
Seguridad del Estado y nueve
Jefes regionales de la
Polic�a Secreta.
"Hay asesinatos autorizados
y asesinatos no autorizados
bajo "Medidas especiales",
dijo Baldiz�n. En el caso
de asesinatos no
autorizados, los
perpetradores "s�lo reciben
una carta" e invariablemente
quedan sin castigo. Las
medidas especiales aplican a
oponentes pol�ticos u
oponentes potenciales y no
est�n vinculadas a las
muertes de rebeldes Contras
actualmente involucrados en
combate con el ej�rcito
Sandinista".
Nadie llevaba una cuenta
exacta de los asesinatos
pol�ticos cometidos bajo
�medidas especiales�. El
estimado de Baldiz�n basado
en su propia experiencia era
de 2.000. Y agreg� que
�el Ministro del Interior
Borge autoriz� tantos
asesinatos pol�ticos que no
podr�a recordarlos y tiene
que preguntar si los ha
aprobado. Los asesinatos no
autorizados fueron tambi�n
frecuentes�. Baldiz�n
dijo entonces que lo mejor
que podr�a hacer era
describir algunos ejemplos
de asesinatos pol�ticos que
investig� personalmente.
Signos de protesta notados
por el Ministerio del
Interior
Ram�n Eberto Torrentes
Molina, de 20 a�os,
estudiante universitario en
el pueblo de Chinandego, se
hizo conocido para el
Ministerio Sandinista del
Interior como un creador de
esl�ganes de protesta en las
paredes. Pintaba graffitis
como "Eden vuelve" (que se
refer�a a Ed�n Pastora, el
l�der Contra), y otros
carteles pidiendo libertad
para prisioneros pol�ticos.
El Jefe de la Segunda Regi�n
del Ministerio, el
Comandante David Blanco
Nu�ez, propuso que Torrentes
fuese sometido a "medidas
especiales", y fue aprobado
por el Viceministro Lu�s
Carri�n.
La polic�a secreta
Sandinista arrest� a
Torrentes en diciembre de
1982, lo quem� con
cigarrillos, lo dej� sin
comida ni agua en una celda
diminuta por tres d�as,
luego lo llev� a una
carretera campestre y lo
asesin�. La versi�n oficial
dijo que Torrentes fue
disparado mientras trataba
de escaparse de la
detenci�n. Baldiz�n declar�
que cuando mir� la ficha
oficial sobre Torrentes en
el Departamento, alguien
hab�a escrito encima: "Caso
cerrado, se han tomado
Medidas especiales".
�l us� sus poderes de
investigaci�n para buscar y
hablar con los dos
funcionarios que mataron a
Torrentes. Eran un polic�a
secreto llamado Vanegas (los
otros nombres los olvid�) y
un funcionario de
contrainteligencia, Jos�
Mar�a Benavides. Baldiz�n
grab� lo que dijeron cuando
le contaron que ataron las
manos de Torrentes tras su
espalda y le dijeron que se
alejara caminando.
Vanegas lo derrib� con un
rifle Galil y Benavides lo
remat� con tres tiros de una
Colt .45. El asesinato hab�a
sido adecuadamente propuesto
y aprobado por el
Viceministro del Interior
Carri�n, y era uno de los
casos que Carri�n olvid� que
hab�a aprobado, aunque
despu�s lo recordar�a cuando
le dijeron los detalles.
Muertes investigadas de dos
comerciantes
Baldiz�n tambi�n investig�
las muertes de una pareja de
comerciantes, Guillermo
Lorio, de 45 a�os y su
esposa Jamilette Sequira, de
37, en un pueblo de San
Miguelito en julio de 1983.
Eran ciudadanos leales en la
mayor�a de los aspectos.
Participaron, por ejemplo,
en los programas "Vigilancia
del vecindario" del gobierno
comunista pero llamaron la
atenci�n de la polic�a
secreta porque hablaron
entre amigos contra la
militarizaci�n del pa�s.
Tambi�n eran miembros de la
organizaci�n misional de la
Iglesia cat�lica llamada "La
Palabra".
El jefe de la Cuarta Regi�n
Militar, Sa�l �lvarez, dijo
a Baldiz�n que la pareja
hab�a sido arrestada
alrededor de medianoche del
19 de julio de 1983. El
arresto caus� conmoci�n
porque los ni�os de los
Lorio fueron despertados y
gritaron y lloraron mientras
sus padres eran arrastrados
afuera.
Juan Luz, un hombre que
simplemente pasaba por all�,
intervino para tratar de
detener el arresto y fue
disparado a muerte. Los
Lorio fueron llevados a
cinco kil�metros de
distancia, pateados y
apu�alados con bayonetas. La
esposa fue violada con
bayonetas a la 1 AM de la
ma�ana del 20 de julio de
1983, junto a la carretera a
Los Pantanos cerca de
Chantales, relat� Baldiz�n.
Fue dejada por muerta esa
noche, pero los dos asesinos
- un oficial de Seguridad
del Estado, Logo Marenco y
un teniente de las Tropas
Especiales, V�ctor Romero -
regresaron a la ma�ana
siguiente para encontrar que
la mujer estaba gravemente
herida pero segu�a viva y
estaba de rodillas rezando.
En ese momento la remataron.
Los dos cuerpos fueron
enterrados all� al lado del
camino.
Baldiz�n cont�: "Yo
estaba a cargo de esta
investigaci�n. El 30 de
julio tuve que cavar
personalmente y sacar los
cuerpos. Tuvo uno de los
efectos m�s profundos en m�
cuando escuch� la historia
completa".
Los asesinos fueron
sometidos a un juicio
secreto pero los perdonaron,
dijo Baldiz�n, y no se tom�
ninguna acci�n contra el
comandante de la Regi�n
Militar que orden� las
muertes, aunque nunca fue
"autorizado" como requer�an
las Reglas concernientes a
medidas especiales.
Respecto a la muerte de
Miskitos
En el verano de 1982,
Baldiz�n estuvo a cargo de
una investigaci�n de 150
muertes de Miskitos en
Matagalpa, Jinotega y Nueva
Segovia. "Esto produjo
los efectos m�s fuertes en
m�", dijo. Describi�
como el Subcomandante Javier
L�pez de la Sexta Regi�n
Militar hab�a sido
responsable por muchos de
esos asesinatos masivos.
"El patr�n para ellos era
escoger a los m�s fuertes de
los indios para matarlos.
Dec�an que eran "sospechosos
de ayudar a los Contras" o
los llamaban "enemigos
potenciales de la
revoluci�n". Los tomaban en
grupos, siempre grupos de
10, 12 o 13 y les
disparaban".
�l document� el caso con
declaraciones juradas de
soldados y otros testigos e
hizo un informe para el
Ministerio de 100 p�ginas.
Entonces acudi� a una
reuni�n en el Ministerio
donde los funcionarios
fueron alentados a pensar en
historias que explicaran las
desapariciones diciendo que
los sacrificados se hab�an
unido a los Contras, o huido
a Honduras, etc. Baldiz�n
dijo que encontr� al r�gimen
cada vez m�s "repulsivo".
V�nculos al tr�fico de
drogas
La oficina de Baldiz�n
recibi� un informe a
mediados de 1984
relacionando al Ministro del
Interior Borge con tr�fico
de coca�na. Durante una
fiesta en su casa, Jorge
Avequeira, un chileno que
viv�a en Nicaragua, escuch�
de David Miranda, otro
chileno y Teniente Segundo
en la polic�a nicarag�ense,
que Tom�s Borge estaba
involucrado en contrabando
de coca�na desde Colombia a
Estados Unidos v�a
Nicaragua.
La oficina de Borge dio
instrucciones a Baldiz�n
para que investigara esto
con un compromiso de Secreto
de Estado. Baldiz�n pens�
que era un error, porque no
pod�a creer que el gobierno
estuviese involucrado en
narcotr�fico, y pregunt� a
la jefa de su oficina,
Capitana Charlotte Baltodano
Egener, si no deber�a
investigar una calumnia
contra el Ministro.
Baltodano dijo que la
oficina no habr�a recibido
el informe porque el hecho
de que Borge hab�a
involucrado al gobierno en
narcotr�fico s�lo era
conocido en el Ministerio
por Borge, su asistente, los
Jefes de Polic�a y Seguridad
del Estado y ella. Fuera del
Ministerio s�lo era sabido
por miembros del Directorado
Nacional FSLN.
Baltodano inform� el
intercambio que tuvo con
Baldiz�n a Borge que
entonces orden� a Baldiz�n
dar una explicaci�n oficial
de por qu� el Ministerio
estaba involucrado en
narcotr�fico.
Baltodano dijo a Baldiz�n
que Borge hab�a hecho
contacto con traficantes de
coca�na colombianos a trav�s
del Capit�n Paul Atha, el
director de "Inversiones H y
M", una dependencia del MINT
controlada por Borge, que
manejaba actividades de
negocios en Nicaragua y el
extranjero para obtener
d�lares americanos.
Baltodano le dijo que el
gobierno suministraba los
tr�ficos de coca�na con
aviones Aero Commander y
Navajo y acceso al
aeropuerto Montelimar como
estaci�n de combustible
entre Colombia y los Estados
Unidos. Dijo tambi�n que el
Ministerio se hab�a
involucrado en tr�fico de
drogas para obtener dinero
que les permitiera montar
operaciones clandestinas por
Inteligencia y el
Departamento de Seguridad
del Estado fuera de
Nicaragua.
La oficina despu�s recibi�
una orden de la oficina del
Ministro contrarrestando la
instrucci�n de investigar la
fuga de informaci�n, y unos
pocos d�as m�s tarde el
Capit�n Franco Montealegre,
el asistente personal de
Borge, dijo a Baldiz�n que
si recib�a alguna nueva
informaci�n sobre tr�fico de
coca�na en el futuro, deb�a
entregarla al Ministro sin
investigaci�n.
En 1982, se expidi� una
directiva del MINT que dec�a
que toda la coca�na, metales
preciosos y d�lares
americanos recuperados
durante operaciones MINT
deb�an ser enviados a la
oficina de Tom�s Borge. Los
procedimientos para la venta
de estos elementos ser�an
usados para ayudar a
financiar actividades
internacionales del MINT.
Baldiz�n dijo que como
resultado de esta orden, no
hubo ning�n juicio por
posesi�n de coca�na porque
tampoco subsisti� ninguna
evidencia.
Uso de criminales
Tras la victoria de las
fuerzas Sandinistas en julio
de 1979, el FSLN estableci�
la Polic�a Sandinista e
incorpor� en sus rangos a
numerosos antiguos
criminales porque hab�an
luchado con los Sandinistas
contra el gobierno de
Anastasio Somoza.
Muchos recibieron puestos en
el Departamento de
Investigaciones Criminales
(DIC) porque se asumi� que
conoc�an el campo criminal
mejor que nadie m�s. Como
resultado, posiciones clave
en el Departamento fueron
ocupadas por personas que
antes estaban involucradas
en los mismos cr�menes que
ahora ten�an que investigar.
La presencia de esos
elementos criminales en la
polic�a tuvieron los
siguientes efectos:
- Parte de la marihuana y
otras drogas confiscadas por
esos criminales era
revendida para enriquecerlos
y en parte consumida por
ellos.
- Algunas de las drogas
confiscadas por la polic�a
eran enviadas al Directorado
General de Seguridad del
Estado (DGSE) donde eran
consumidas por algunos de
los jefes o usadas en
actividades operacionales,
incluyendo cargarlas a
personas inocentes que el
DGSE pretend�a comprometer.
La coca�na confiscada era
enviada directamente a la
oficina de Borge que la
usaba para prop�sitos
comerciales.
- Las redes de informantes
de la polic�a secreta ten�an
una funci�n dual: informaban
a la polic�a sobre
individuos que usaban o
vend�an drogas y tambi�n
revend�an drogas confiscadas
por la polic�a. As�, ten�an
una influencia significativa
en el mercado de drogas
local, en algunos casos
controlando y manej�ndolas
como un monopolio.
- La mayor�a de los jefes de
unidades de la polic�a
hab�an amueblado sus casas
con objetos robados, en
contraste con los jefes de
otras oficinas del
Ministerio del Interior, que
amueblaron sus casas con
art�culos confiscados por el
gobierno Sandinista.
El Departamento F-6
(T�cnicas especializadas) de
Seguridad del Estado (DGSE)
ten�a como misi�n el
suministro de apoyo t�cnico
para actividades
operacionales ejecutadas por
otros departamentos del
directorado. Buena parte de
esa actividad consist�a en
vigilancia de movimientos y
actividades de personas
sospechosas de oposici�n al
r�gimen Sandinista.
Para realizar esta misi�n,
el Departamento F-6 hac�a
uso extensivo de un grupo de
criminales comunes
reclutados debido a sus
habilidades t�cnicas
especiales. Esto inclu�a
robo armado, hurto,
violaci�n de cajas fuertes,
robo de autom�viles y la
neutralizaci�n de perros de
vigilancia. Muchos de los
criminales fueron reclutados
mientras estaban en prisi�n.
El grupo de criminales
dentro del Departamento F-6
era usado principalmente
para:
- Robar autos, especialmente
taxis, para usarlos en
operaciones DGSE tales como
detenci�n clandestina y
forzada de sospechosos. Tras
el uso operacional, esos
veh�culos sol�an ser
pintados de un color
diferente e incorporados en
la flota del directorado o
en ocasiones eran
reutilizados por piezas y
partes.
- Incursiones clandestinas
nocturnas a casas de
oponentes del r�gimen
Sandinista para cargar
"evidencia" de actividad
anti-gubernamental como
armas, drogas, explosivos,
etc., o para obtener
documentos, valores, etc.
- Ingresos clandestinos a
casas de oponentes del
r�gimen para instalar
micr�fonos y/o c�maras
fotogr�ficas o filmadoras.
Se permit�a a estos
criminales operar tambi�n
por su cuenta en su campo
escogido con protecci�n del
DGSE y, si eran arrestados
por la polic�a, eran
r�pidamente liberados por
�rdenes del Jefe del DGSE
Lenin Cerna.
Desde la segunda mitad de
1982, el Capit�n Ra�l Cord�n
Mirince, cabeza del Sistema
Nacional Penitenciario (SNP)
del Ministerio del Interior,
patrocin� y presidi� una
corrupci�n generalizada y
abusos de los derechos
humanos en todos los niveles
del SNP. Las investigaciones
de esta situaci�n fueron
conducidas por la oficina de
Baldiz�n. As� se descubri�
que:
- Cord�n guardaba para s�
mismo considerables fondos
ganados por trabajo agr�cola
o producci�n manual de
prisioneros.
- Se hab�a apropiado para s�
mismo y sus colaboradores de
casi todas las donaciones de
instituciones
internacionales que �l
recib�a en el nombre del SNP.
Entre estas estaban los
regalos del OXFAM de M�xico
que dio miles de d�lares en
varias ocasiones. Tambi�n
arrendaba grandes cantidades
de prisioneros a granjeros
privados o al Instituto
Nacional de Reforma Agraria
para cosechar caf�, algod�n
y ca�a de az�car y se
quedaba con el ingreso de
los pagos por el uso de esos
prisioneros.
- Se apropi� para uso propio
o reventa de cigarrillos y
pasta dental que se
encontraban en paquetes
individuales enviados a los
prisioneros por la Cruz
Roja. Obtuvo favores
sexuales de esposas del
antiguo personal de la
Guardia Nacional que estaban
encarcelados en el sistema
SNP, ofreciendo a cambio la
visita a los prisioneros o
su transferencia a una
instalaci�n menos estricta.
- Permiti� a los jefes de
prisi�n maltratar y torturar
prisioneros. En la prisi�n
Zona Franca en Managua,
algunos prisioneros eran
puestos en un recinto
met�lico peque�o y luego
expuestos al sol, resultando
en una severa deshidrataci�n
de los ocupantes.
- Permit�a a sus
subordinados construir casas
usando materiales del Estado
y trabajo penitenciario.
- Permiti� a sus
subordinados obtener favores
sexuales de esposas de
prisioneros usando chantaje
o extorsi�n.
El informe final de las
actividades de Cord�n nunca
se entreg� al Ministro y
permaneci� en la oficina de
Baldiz�n porque fue anulado
por altos funcionarios del
ministerio relacionados con
Cord�n.
M�s abusos
- A fines de 1983, una
fuerza de guerrilla
"contra-revolucionaria"
embosc� a una patrulla de
las fuerzas especiales MINT
en Jalapa, en el
departamento norte�o de
Nueva Segovia, matando a
cuatro de sus miembros.
Borge orden� a las fuerzas
especiales MINT tomar
fuertes medidas de
represalia contra los
campesinos de la zona. Doce
personas fueron asesinadas
como resultado de esas
acciones, incluyendo a un
ministro evang�lico llamado
Alvarenga, en Las Uvas,
Jalapa.
Las fuerzas MINT arrestaron
aproximadamente a 50
campesinos y los llevaron a
los cuarteles del
Directorado General de
Seguridad del Estado (DGSE)
en Esteli. Diez de los
prisioneros fueron separados
del resto y m�s tarde
llevados a la base de las
fuerzas especiales en la
pen�nsula Chiltepe cerca de
Managua, donde fueron
ejecutados por orden de
Borge y secretamente
enterrados. El resto de los
prisioneros fueron liberados
m�s tarde en Esteli y Jalapa
donde Borge dijo al p�blico
que los 10 desaparecidos
(que hab�an sido ejecutados)
hab�an muerto en combate.
- En febrero de 1983, Paster
Cruz Herrera, un granjero
nicarag�ense, fue arrestado
por las fuerzas DGSE cerca
del pueblo del Pantasma,
Jinotega. Fue mantenido por
tres d�as en Jinotega por
orden del Teniente Primero
Mario Noguera, el comandante
de contrainteligencia del
DGSE all�, y luego fue
transferido a la prisi�n del
Departamento de Operaciones
DGSE para la regi�n IX en
Las Tejas, Matagalpa, y
puesto a disposici�n del
Teniente Primero Vallecillo,
el comandante de la prisi�n.
Tras ser interrogado y
torturado, Cruz fue
regresado a una celda
ocupada por otros dos
granjeros de la regi�n
Pantasma que lo conoc�an.
Aquellos dos m�s tarde
fueron liberados, pero Cruz
fue ejecutado junto con
otros tres prisioneros en
abril de 1983. La ejecuci�n
fue ordenada por el
Subcomandante Javier L�pez
Lowerli, el Delegado MINT en
la Regi�n IV, y tuvo la
aprobaci�n del Viceministro
Lu�s Carri�n.
L�pez busc� aprobaci�n
porque no ten�a un caso
legal contra Cruz y quer�a
aplicar "medidas
especiales". En noviembre de
1983 Baldiz�n investig� el
caso debido a la solicitud
de informaci�n de varios
grupos de derechos humanos.
El resultado de su
investigaci�n fue presentado
al Ministro del Interior en
diciembre de 1983, pero no
se tomaron acciones
posteriores.
- Durante 1983 fuerzas EPS y
DGSE llevaron a cabo una
campa�a para contrarrestar
los efectos de las
actividades guerrilleras
anti-gubernamentales en los
departamentos Jinotega y
Matagalpa. M�s de 300
granjeros sospechosos de
haber colaborados con los
contra-revolucionarios
fueron ejecutados por
personal DGSE en las zonas
Cua, Pantasma, Waslala y R�o
Blanco.
Muchos miembros de las
familias de los granjeros
que fueron asesinados
reportaron que sus
familiares hab�an
"desaparecido" a la Comisi�n
Permanente de Derechos
Humanos no gubernamental
(CPDH) y a la Comisi�n
Inter-Americana de Derechos
Humanos (IACHR) de la
Organizaci�n de Estados
Americanos que publicaron
listas de los nombres de la
gente que hab�a desaparecido
en la regi�n.
Residentes de los dos
Departamentos continuaron
quej�ndose y manifestando su
descontento al gobierno.
Esto, combinado con presi�n
del CPDH y de IACHR, hizo
que Borge ordenara una
investigaci�n de la oficina
de Baldiz�n. Los
investigadores informaron en
junio de 1984 que m�s de 300
granjeros hab�an sido
ejecutados y que en el 80%
de los casos la ejecuci�n
fue propuesta por el
Sub-Comandante Javier L�pez
Lowerli, el Delegado MINT en
la Regi�n IV, que pidi� y
recibi� permiso para aplicar
"medidas especiales" del
Viceministro Lu�s Carri�n.
Los investigadores tambi�n
encontraron que el
Comandante Guerrillero
Alonso Porras, el Jefe
Pol�tico del FSLN en la
Regi�n, el Comandante EPS en
Matagalpa Javier Carri�n, y
Wilfredo Barreto, el
delegado de gobierno en la
regi�n IV, tambi�n
estuvieron involucrados en
las ejecuciones.
Borge orden� la creaci�n de
una oficina de fiscal
especial para la Regi�n IV
que tomara acciones legales
para satisfacer las quejas.
La oficina, sin embargo,
s�lo puso cargos contra el
Teniente Segundo EPS
Rodr�guez y tres
funcionarios DGSE. Los tres
jefes regionales
principalmente responsables
por las ejecuciones (Porras,
L�pez y Barreto) fueron
simplemente transferidos a
otras regiones.
Los cuatro funcionarios que
recibieron cargos fueron
liberados poco despu�s, y
Rodr�guez, aunque hab�a
recibido una sentencia de
c�rcel, fue enviado a
estudiar a Bulgaria. El
gobierno nicarag�ense
continu� tomando acciones
para mantener control sobre
la regi�n y forz� a cientos
de familias rurales a
abandonar sus hogares,
ganado y tierras cultivadas
en las monta�as de Jinotega
para irse a zonas de
reasentamiento designadas.
Aunque la gente en la zona
afectada sab�a sobre los
asesinatos, esto no se hizo
p�blico en el resto de
Nicaragua porque el gobierno
censur� toda publicaci�n que
reportase la matanza.
- Al final de 1984,
residentes de algunas
comunidades monta�esas de
los Departamentos Jinotega y
Matagalpa reportaron la
existencia de cementerios
clandestinos a la oficina
especial del fiscal. Los
investigadores enviados a la
zona encontraron esos
cementerios en La Sompopera,
municipalidad de El Cua; en
el vecindario de Pantasma, y
en un lugar llamado
Cascajera en la
municipalidad de Rancho
Grande. Los investigadores
concluyeron que esos
cementerios fueron usados
para enterrar v�ctimas de
"medidas especiales".
- Durante el testimonio de 9
de octubre de 1985 a la Casa
Subcomit� sobre Derechos
Humanos, se pregunt� a
Baldiz�n sobre abusos de
derechos humanos que se
hab�a informado que
cometieron la oposici�n
armada nicarag�ense, o los
Contras. �l dijo que de lo
que hab�a visto durante su
trabajo los contras no
ten�an una pol�tica de
cometer abusos mientras que
los Sandinistas s�.
Dijo que cuando ocurrieron
los abusos de los Contras
parec�an ser motivados por
venganza. Agreg� que en
algunas instancias los
civiles que acompa�aban
convoys militares fueron
atrapados en una emboscada y
se reportaron como abusos.
�l estim� entonces que por
cada abuso de Contras hab�a
10 cometidos por el
gobierno.
Lo cierto es que el FSLN,
con toda su carga de
cr�menes especialmente en
los 11 a�os de su represivo
gobierno comunista
(1979-1990), sigue
funcionando hoy como un
partido �respetable� en el
pa�s que tanto da��. Y
Daniel Ortega, el actual
presidente del castigado
pa�s, revolucionario
comprometido primero y luego
presidente tambi�n de
Nicaragua entre 1985 y 1990
y por tanto participante y
conocedor - como m�nimo - de
muchas de las atrocidades
ocurridas bajo su mandato,
nunca ha sido juzgado ni
remotamente castigado por
estas razones.
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