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EL TERROR ROJO

 

 

INVESTIGACIONES | Alerta 360 Internacional

 

Nicaragua: una herida abierta
Por Cynthia Caden
Última modificación: 21 de octubre de 2010 | Descargar completo en formato PDF

 

Tabla de contenidos
1. Introducción
2. Situación internacional
3. Militarización
4. Desde el principio
5. Ejecuciones tempranas
6. Formas de acoso
7. Otro valioso testimonio
8. Derechos humanos y guerra de desinformación
9. Investigación de atrocidades
10. Bibliografía relacionada

 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Investigación de atrocidades

 

Álvaro José Baldizón Aviles fue jefe del Departamento de Investigación del Directorado para Asuntos Internos del Ministerio Nicaragüense del Interior. El Departamento de Estado norteamericano lo ha descrito como el "desertor más valioso de Nicaragua", un "tesoro de información detallada" sobre la forma en que el gobierno comunista de Nicaragua trabajaba, y "el experto mundial en este informe sobre derechos humanos". El 1 de julio de 1985 vadeó el Río Coco hacia Honduras y pidió asilo político a los americanos.

 

Tras sus investigaciones, Baldizón ha resumido al régimen Sandinista como "sangriento y corrupto"[1]. Él quiso desertar por largo tiempo, pero tuvo que esperar hasta que una investigación lo llevó cerca de la frontera, permitiéndole salir. Un año antes había tratado de irse de su trabajo de investigaciones de atrocidades y le habían dicho que su conocimiento era tan sensible que no era posible. Si se iba, tendría que ir a un campo de detención militar, le dijeron. Hacia el final temía por su vida, pensando que era posible que lo asesinaran para asegurar su silencio.

 

Baldizón creció como adolescente bajo la dictadura de Anastasio Somoza. Dejó la escuela diurna a los 16 años y trabajó como conductor para una compañía de caños plásticos en Managua, mientras continuaba sus estudios en la escuela nocturna. Manejaba una furgoneta Volkswagen blanca y llevaba caños plásticos a toda Nicaragua. Entre los caños escondía armas y municiones como mensajero de las fuerzas sandinistas.

 

Llegó la revolución y a la asunción del poder de los Sandinistas, Baldizón se unió a la nueva fuerza de la policía. Dijo: "Me uní a la policía Sandinista con una visión romántica. Esperaba participar en la creación de un tipo diferente de policía, uno que estaría caracterizado por principios humanitarios".

 

Ascendió rápidamente al puesto de Jefe de Policía en una pequeña estación policial, nro. 15, en la Ciudad Sandino, en las afueras de Managua. En septiembre de 1980 fue escogido para ir a la Unión Soviética para un entrenamiento policial de un año, que tuvo en Volgogrado. A su regreso le dieron rápidas promociones y en abril de 1982 el extremadamente sensible trabajo de Investigador Especial en el Ministerio del Interior.

 

El gobierno nicaragüense creó una comisión especial de investigaciones dentro del Ministerio del Interior como parte de un esquema para manejar las críticas de su registro de derechos humanos. Estas venían principalmente a través de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, que estaba pidiendo explicaciones al gobierno Sandinista por cientos de personas desaparecidas y las muertes de oponentes políticos.

 

Baldizón recibió el trabajo de investigar todas las quejas de atrocidades y la autoridad por el ministro del interior, Tomás Borge, para ver los registros de todos los funcionarios y tomar información de testigos y participantes. Tenía una copia de una carta "A quien corresponda" con el sello del Ministerio y la firma del ministro, en la cual él "ordena a autoridades civiles y militares presentar toda la colaboración necesaria que el Camarada Subteniente Baldizón solicite". Eso significaba que era un subordinado directo del ministro.

 

Su trabajo era investigar objetivamente las atrocidades e informar de todos los hechos a Borge. Otra unidad del departamento, llamada Comisión Técnica, escribiría un informe público muy distinto si era necesario blanquear algo.

 

Asesinatos 1979-81

 

Algunos de los primeros casos que la oficina de Baldizón tuvo que investigar tenían que ver con asesinatos que se reportó que habían ocurrido poco después de que los Sandinistas tomaran el poder en julio de 1979.

 

Entre julio de 1979 y marzo de 1980, más de 80 oponentes del nuevo régimen Sandinista fueron capturados y asesinados en la zona Granada de Nicaragua bajo la autoridad personal del Comandante FSLN Reinerio Ordoñez Padilla. Cuando los familiares de las personas desaparecidas se quejaron ante la oficina del fiscal militar en Managua, Ordoñez fue arrestado y llevado a Managua.

 

Nunca se le llevó a juicio, a pesar de la extensa evidencia en su contra, y fue liberado 15 días después por orden del Capitán Montealegre. Aquél era el fiscal militar en ese entonces, y siguió instrucciones del Directorado Nacional del FSLN. El partido excusó las acciones de Ordoñez diciendo que estaba sufriendo psicosis debido a su destacado desempeño durante las victorias en Masaya y Jinotepe durante la revolución.

 

Los inspectores en la oficina de Baldizón revisaron la ficha del fiscal en este caso en 1983 y encontraron que contenía más de 150 páginas de evidencia sólida contra Ordoñez. Es más, Ordoñez con frecuencia hablaba sobre sus acciones en Granada y decía que él personalmente mató gente con su rifle automático[2].

 

La Comisión Permanente independiente para Derechos Humanos también investigó este caso y su informe verifica lo que Baldizón ha reportado.

 

Plan contra asilados

 

En 1981, el DGSE, bajo órdenes de Borge, preparó un plan para asesinar a un grupo de nicaragüenses que habían pedido asilo en la embajada guatemalteca. Los asilados eran antiguo personal de la Guardia Nacional nicaragüense y del gobierno, que habían vivido en la embajada desde la toma Sandinista en julio de 1979, y a quienes el gobierno había rehusado entregar papeles de salvoconducto para que pudieran dejar el país.

 

El DGSE puso un asilado falso en la Embajada guatemalteca que dijo que amigos suyos que lo visitaron en la embajada en realidad eran contra-revolucionarios que preparaban un plan de escape para él. El falso asilado invitó a otros asilados a unírsele y algunos aceptaron.

 

El DGSE infiltrado y los asilados que había engañado dejaron la embajada trepando una muralla. Fueron a un rancho en la falda de las montañas cercanas a Managua donde fueron capturados y asesinados por miembros del Departamento F-1 bajo la orden del Teniente Raúl Castro Gonzáles, jefe del departamento[3]. Castro había planificado la operación en conjunto con oficiales del Departamento F-2 que monitoreaban los establecimientos diplomáticos y el personal.

 

Falsa clemencia

 

A mediados de 1981, ocho prisioneros en la Penitenciaría Zona Franca desarmaron a tres guardias de prisión e iniciaron un levantamiento en uno de los edificios de la prisión. Después de un intercambio de disparos entre los guardias y los prisioneros por varias horas, Borge dijo a los prisioneros que entregaran sus armas y se rindieran prometiéndoles que sus vidas no estarían en peligro. Tan pronto como los prisioneros regresaron a sus celdas, Borge ordenó la ejecución de los ocho que comenzaron el amotinamiento. El Teniente Raúl Castro Gonzáles del DGSE llevó a los ocho hombres detrás de uno de los bloques de prisión y los ametralló mientras Borge y Humberto Ortega Saavedra, el Ministro de Defensa, observaban.

 

Más tarde, el Ministerio del Interior publicó un comunicado oficial en que reportaban que los prisioneros habían muerto en la lucha durante el levantamiento

 

El incidente descrito ilustra una práctica común de los Sandinistas en que arrestaban a una cantidad de personas y luego, tras la interrogación - con frecuente uso de tortura - separaban a aquellos de los detenidos que tenían más potencial de liderazgo y los mataban. Los restantes, sin saber nada del destino del grupo asesinado, eran enviados a prisión. Si los Sandinistas después recibían muchas preguntas del IACHR sobre las personas que habían desaparecido, el gobierno ubicaba a aquellos que seguían en prisión para mostrar que todavía estaban vivos. Los funcionarios de gobierno negaban que los capturados hubieran muerto, o alegaban que habían muerto en combate o se habían unido a los Contras.

 

Reglas concernientes a medidas especiales

 

Inmediatamente después de la toma de 1979 y hasta fines de 1981, los asesinatos de oponentes políticos del régimen Sandinista habían sido realizados caprichosamente. A fines de 1981, el Ministro del Interior Tomás Borge firmó una orden secreta que estandarizaba la aplicación de "medidas especiales", es decir, la ejecución ilegal de enemigos políticos del régimen Sandinista.

 

Hay solo una copia de este documento, que está clasificado como "Secreto de Estado" y titulado: "La estandarización de la aplicación de Medidas Especiales contra elementos del enemigo potencial y criminal potencial a través del territorio nacional".

 

En los primeros días de la Revolución muchos servidores del Estado encontraron aceptable que hubiese muertes “incidentales”, pero con el paso del tiempo se crearon una serie de reglas llamadas "Reglas concernientes a medidas especiales".

 

La realidad es que "medidas especiales" - explicó Baldizón - era el término oficial usado en Nicaragua para describir la tortura y los asesinatos, sin cargos o juicio, de personas juzgadas como oponentes de la revolución. El Ministerio del Interior sostenía que las Reglas indicaban que las "medidas especiales" debían ser autoridades por orden directa del Ministro Tomas Borge y su primer Viceministro, Luís Carrión Cruz.

 

El asesinato de oponentes políticos primero debía proponerse al Ministro o su sustituto por al menos una de 11 personas: el Jefe de Policía, el Jefe de Seguridad del Estado y nueve Jefes regionales de la Policía Secreta.

 

"Hay asesinatos autorizados y asesinatos no autorizados bajo "Medidas especiales", dijo Baldizón. En el caso de asesinatos no autorizados, los perpetradores "sólo reciben una carta" e invariablemente quedan sin castigo. Las medidas especiales aplican a oponentes políticos u oponentes potenciales y no están vinculadas a las muertes de rebeldes Contras actualmente involucrados en combate con el ejército Sandinista"[4].

 

Nadie llevaba una cuenta exacta de los asesinatos políticos cometidos bajo “medidas especiales”. El estimado de Baldizón basado en su propia experiencia era de 2.000. Y agregó que “el Ministro del Interior Borge autorizó tantos asesinatos políticos que no podría recordarlos y tiene que preguntar si los ha aprobado. Los asesinatos no autorizados fueron también frecuentes”. Baldizón dijo entonces que lo mejor que podría hacer era describir algunos ejemplos de asesinatos políticos que investigó personalmente.

 

Signos de protesta notados por el Ministerio del Interior

 

Ramón Eberto Torrentes Molina, de 20 años, estudiante universitario en el pueblo de Chinandego, se hizo conocido para el Ministerio Sandinista del Interior como un creador de eslóganes de protesta en las paredes. Pintaba graffitis como "Eden vuelve" (que se refería a Edén Pastora, el líder Contra), y otros carteles pidiendo libertad para prisioneros políticos.

 

El Jefe de la Segunda Región del Ministerio, el Comandante David Blanco Nuñez, propuso que Torrentes fuese sometido a "medidas especiales", y fue aprobado por el Viceministro Luís Carrión.

 

La policía secreta Sandinista arrestó a Torrentes en diciembre de 1982, lo quemó con cigarrillos, lo dejó sin comida ni agua en una celda diminuta por tres días, luego lo llevó a una carretera campestre y lo asesinó. La versión oficial dijo que Torrentes fue disparado mientras trataba de escaparse de la detención. Baldizón declaró que cuando miró la ficha oficial sobre Torrentes en el Departamento, alguien había escrito encima: "Caso cerrado, se han tomado Medidas especiales".

 

Él usó sus poderes de investigación para buscar y hablar con los dos funcionarios que mataron a Torrentes. Eran un policía secreto llamado Vanegas (los otros nombres los olvidó) y un funcionario de contrainteligencia, José María Benavides. Baldizón grabó lo que dijeron cuando le contaron que ataron las manos de Torrentes tras su espalda y le dijeron que se alejara caminando.

 

Vanegas lo derribó con un rifle Galil y Benavides lo remató con tres tiros de una Colt .45. El asesinato había sido adecuadamente propuesto y aprobado por el Viceministro del Interior Carrión, y era uno de los casos que Carrión olvidó que había aprobado, aunque después lo recordaría cuando le dijeron los detalles.

 

Muertes investigadas de dos comerciantes

 

Baldizón también investigó las muertes de una pareja de comerciantes, Guillermo Lorio, de 45 años y su esposa Jamilette Sequira, de 37, en un pueblo de San Miguelito en julio de 1983. Eran ciudadanos leales en la mayoría de los aspectos. Participaron, por ejemplo, en los programas "Vigilancia del vecindario" del gobierno comunista pero llamaron la atención de la policía secreta porque hablaron entre amigos contra la militarización del país. También eran miembros de la organización misional de la Iglesia católica llamada "La Palabra".

 

El jefe de la Cuarta Región Militar, Saúl Álvarez, dijo a Baldizón que la pareja había sido arrestada alrededor de medianoche del 19 de julio de 1983. El arresto causó conmoción porque los niños de los Lorio fueron despertados y gritaron y lloraron mientras sus padres eran arrastrados afuera.

 

Juan Luz, un hombre que simplemente pasaba por allí, intervino para tratar de detener el arresto y fue disparado a muerte. Los Lorio fueron llevados a cinco kilómetros de distancia, pateados y apuñalados con bayonetas. La esposa fue violada con bayonetas a la 1 AM de la mañana del 20 de julio de 1983, junto a la carretera a Los Pantanos cerca de Chantales, relató Baldizón.

 

Fue dejada por muerta esa noche, pero los dos asesinos - un oficial de Seguridad del Estado, Logo Marenco y un teniente de las Tropas Especiales, Víctor Romero - regresaron a la mañana siguiente para encontrar que la mujer estaba gravemente herida pero seguía viva y estaba de rodillas rezando. En ese momento la remataron. Los dos cuerpos fueron enterrados allí al lado del camino.

 

Baldizón contó: "Yo estaba a cargo de esta investigación. El 30 de julio tuve que cavar personalmente y sacar los cuerpos. Tuvo uno de los efectos más profundos en mí cuando escuché la historia completa"[5].

 

Los asesinos fueron sometidos a un juicio secreto pero los perdonaron, dijo Baldizón, y no se tomó ninguna acción contra el comandante de la Región Militar que ordenó las muertes, aunque nunca fue "autorizado" como requerían las Reglas concernientes a medidas especiales.

 

Respecto a la muerte de Miskitos

 

En el verano de 1982, Baldizón estuvo a cargo de una investigación de 150 muertes de Miskitos en Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia. "Esto produjo los efectos más fuertes en mí", dijo. Describió como el Subcomandante Javier López de la Sexta Región Militar había sido responsable por muchos de esos asesinatos masivos.

 

"El patrón para ellos era escoger a los más fuertes de los indios para matarlos. Decían que eran "sospechosos de ayudar a los Contras" o los llamaban "enemigos potenciales de la revolución". Los tomaban en grupos, siempre grupos de 10, 12 o 13 y les disparaban"[6].

 

Él documentó el caso con declaraciones juradas de soldados y otros testigos e hizo un informe para el Ministerio de 100 páginas. Entonces acudió a una reunión en el Ministerio donde los funcionarios fueron alentados a pensar en historias que explicaran las desapariciones diciendo que los sacrificados se habían unido a los Contras, o huido a Honduras, etc. Baldizón dijo que encontró al régimen cada vez más "repulsivo".

 

Vínculos al tráfico de drogas

 

La oficina de Baldizón recibió un informe a mediados de 1984 relacionando al Ministro del Interior Borge con tráfico de cocaína. Durante una fiesta en su casa, Jorge Avequeira, un chileno que vivía en Nicaragua, escuchó de David Miranda, otro chileno y Teniente Segundo en la policía nicaragüense, que Tomás Borge estaba involucrado en contrabando de cocaína desde Colombia a Estados Unidos vía Nicaragua.

 

La oficina de Borge dio instrucciones a Baldizón para que investigara esto con un compromiso de Secreto de Estado. Baldizón pensó que era un error, porque no podía creer que el gobierno estuviese involucrado en narcotráfico, y preguntó a la jefa de su oficina, Capitana Charlotte Baltodano Egener, si no debería investigar una calumnia contra el Ministro. Baltodano dijo que la oficina no habría recibido el informe porque el hecho de que Borge había involucrado al gobierno en narcotráfico sólo era conocido en el Ministerio por Borge, su asistente, los Jefes de Policía y Seguridad del Estado y ella. Fuera del Ministerio sólo era sabido por miembros del Directorado Nacional FSLN.

 

Baltodano informó el intercambio que tuvo con Baldizón a Borge que entonces ordenó a Baldizón dar una explicación oficial de por qué el Ministerio estaba involucrado en narcotráfico.

 

Baltodano dijo a Baldizón que Borge había hecho contacto con traficantes de cocaína colombianos a través del Capitán Paul Atha, el director de "Inversiones H y M", una dependencia del MINT controlada por Borge, que manejaba actividades de negocios en Nicaragua y el extranjero para obtener dólares americanos.

 

Baltodano le dijo que el gobierno suministraba los tráficos de cocaína con aviones Aero Commander y Navajo y acceso al aeropuerto Montelimar como estación de combustible entre Colombia y los Estados Unidos. Dijo también que el Ministerio se había involucrado en tráfico de drogas para obtener dinero que les permitiera montar operaciones clandestinas por Inteligencia y el Departamento de Seguridad del Estado fuera de Nicaragua.

 

La oficina después recibió una orden de la oficina del Ministro contrarrestando la instrucción de investigar la fuga de información, y unos pocos días más tarde el Capitán Franco Montealegre, el asistente personal de Borge, dijo a Baldizón que si recibía alguna nueva información sobre tráfico de cocaína en el futuro, debía entregarla al Ministro sin investigación.

 

En 1982, se expidió una directiva del MINT que decía que toda la cocaína, metales preciosos y dólares americanos recuperados durante operaciones MINT debían ser enviados a la oficina de Tomás Borge. Los procedimientos para la venta de estos elementos serían usados para ayudar a financiar actividades internacionales del MINT. Baldizón dijo que como resultado de esta orden, no hubo ningún juicio por posesión de cocaína porque tampoco subsistió ninguna evidencia.

 

Uso de criminales

 

Tras la victoria de las fuerzas Sandinistas en julio de 1979, el FSLN estableció la Policía Sandinista e incorporó en sus rangos a numerosos antiguos criminales porque habían luchado con los Sandinistas contra el gobierno de Anastasio Somoza.

 

Muchos recibieron puestos en el Departamento de Investigaciones Criminales (DIC) porque se asumió que conocían el campo criminal mejor que nadie más. Como resultado, posiciones clave en el Departamento fueron ocupadas por personas que antes estaban involucradas en los mismos crímenes que ahora tenían que investigar.

 

La presencia de esos elementos criminales en la policía tuvieron los siguientes efectos:

 

- Parte de la marihuana y otras drogas confiscadas por esos criminales era revendida para enriquecerlos y en parte consumida por ellos.

 

- Algunas de las drogas confiscadas por la policía eran enviadas al Directorado General de Seguridad del Estado (DGSE) donde eran consumidas por algunos de los jefes o usadas en actividades operacionales, incluyendo cargarlas a personas inocentes que el DGSE pretendía comprometer. La cocaína confiscada era enviada directamente a la oficina de Borge que la usaba para propósitos comerciales.

 

- Las redes de informantes de la policía secreta tenían una función dual: informaban a la policía sobre individuos que usaban o vendían drogas y también revendían drogas confiscadas por la policía. Así, tenían una influencia significativa en el mercado de drogas local, en algunos casos controlando y manejándolas como un monopolio.

 

- La mayoría de los jefes de unidades de la policía habían amueblado sus casas con objetos robados, en contraste con los jefes de otras oficinas del Ministerio del Interior, que amueblaron sus casas con artículos confiscados por el gobierno Sandinista.

 

El Departamento F-6 (Técnicas especializadas) de Seguridad del Estado (DGSE) tenía como misión el suministro de apoyo técnico para actividades operacionales ejecutadas por otros departamentos del directorado. Buena parte de esa actividad consistía en vigilancia de movimientos y actividades de personas sospechosas de oposición al régimen Sandinista.

 

Para realizar esta misión, el Departamento F-6 hacía uso extensivo de un grupo de criminales comunes reclutados debido a sus habilidades técnicas especiales. Esto incluía robo armado, hurto, violación de cajas fuertes, robo de automóviles y la neutralización de perros de vigilancia. Muchos de los criminales fueron reclutados mientras estaban en prisión.

 

El grupo de criminales dentro del Departamento F-6 era usado principalmente para:

 

- Robar autos, especialmente taxis, para usarlos en operaciones DGSE tales como detención clandestina y forzada de sospechosos. Tras el uso operacional, esos vehículos solían ser pintados de un color diferente e incorporados en la flota del directorado o en ocasiones eran reutilizados por piezas y partes.

 

- Incursiones clandestinas nocturnas a casas de oponentes del régimen Sandinista para cargar "evidencia" de actividad anti-gubernamental como armas, drogas, explosivos, etc., o para obtener documentos, valores, etc.

 

- Ingresos clandestinos a casas de oponentes del régimen para instalar micrófonos y/o cámaras fotográficas o filmadoras.

 

Se permitía a estos criminales operar también por su cuenta en su campo escogido con protección del DGSE y, si eran arrestados por la policía, eran rápidamente liberados por órdenes del Jefe del DGSE Lenin Cerna.

 

Desde la segunda mitad de 1982, el Capitán Raúl Cordón Mirince, cabeza del Sistema Nacional Penitenciario (SNP) del Ministerio del Interior, patrocinó y presidió una corrupción generalizada y abusos de los derechos humanos en todos los niveles del SNP. Las investigaciones de esta situación fueron conducidas por la oficina de Baldizón. Así se descubrió que:

 

- Cordón guardaba para sí mismo considerables fondos ganados por trabajo agrícola o producción manual de prisioneros.

 

- Se había apropiado para sí mismo y sus colaboradores de casi todas las donaciones de instituciones internacionales que él recibía en el nombre del SNP. Entre estas estaban los regalos del OXFAM de México que dio miles de dólares en varias ocasiones. También arrendaba grandes cantidades de prisioneros a granjeros privados o al Instituto Nacional de Reforma Agraria para cosechar café, algodón y caña de azúcar y se quedaba con el ingreso de los pagos por el uso de esos prisioneros.

 

- Se apropió para uso propio o reventa de cigarrillos y pasta dental que se encontraban en paquetes individuales enviados a los prisioneros por la Cruz Roja. Obtuvo favores sexuales de esposas del antiguo personal de la Guardia Nacional que estaban encarcelados en el sistema SNP, ofreciendo a cambio la visita a los prisioneros o su transferencia a una instalación menos estricta.

 

- Permitió a los jefes de prisión maltratar y torturar prisioneros. En la prisión Zona Franca en Managua, algunos prisioneros eran puestos en un recinto metálico pequeño y luego expuestos al sol, resultando en una severa deshidratación de los ocupantes.

 

- Permitía a sus subordinados construir casas usando materiales del Estado y trabajo penitenciario.

 

- Permitió a sus subordinados obtener favores sexuales de esposas de prisioneros usando chantaje o extorsión.

 

El informe final de las actividades de Cordón nunca se entregó al Ministro y permaneció en la oficina de Baldizón porque fue anulado por altos funcionarios del ministerio relacionados con Cordón.

 

Más abusos[7]

 

- A fines de 1983, una fuerza de guerrilla "contra-revolucionaria" emboscó a una patrulla de las fuerzas especiales MINT en Jalapa, en el departamento norteño de Nueva Segovia, matando a cuatro de sus miembros. Borge ordenó a las fuerzas especiales MINT tomar fuertes medidas de represalia contra los campesinos de la zona. Doce personas fueron asesinadas como resultado de esas acciones, incluyendo a un ministro evangélico llamado Alvarenga, en Las Uvas, Jalapa.

 

Las fuerzas MINT arrestaron aproximadamente a 50 campesinos y los llevaron a los cuarteles del Directorado General de Seguridad del Estado (DGSE) en Esteli. Diez de los prisioneros fueron separados del resto y más tarde llevados a la base de las fuerzas especiales en la península Chiltepe cerca de Managua, donde fueron ejecutados por orden de Borge y secretamente enterrados. El resto de los prisioneros fueron liberados más tarde en Esteli y Jalapa donde Borge dijo al público que los 10 desaparecidos (que habían sido ejecutados) habían muerto en combate.

 

- En febrero de 1983, Paster Cruz Herrera, un granjero nicaragüense, fue arrestado por las fuerzas DGSE cerca del pueblo del Pantasma, Jinotega. Fue mantenido por tres días en Jinotega por orden del Teniente Primero Mario Noguera, el comandante de contrainteligencia del DGSE allí, y luego fue transferido a la prisión del Departamento de Operaciones DGSE para la región IX en Las Tejas, Matagalpa, y puesto a disposición del Teniente Primero Vallecillo, el comandante de la prisión.

 

Tras ser interrogado y torturado, Cruz fue regresado a una celda ocupada por otros dos granjeros de la región Pantasma que lo conocían. Aquellos dos más tarde fueron liberados, pero Cruz fue ejecutado junto con otros tres prisioneros en abril de 1983. La ejecución fue ordenada por el Subcomandante Javier López Lowerli, el Delegado MINT en la Región IV, y tuvo la aprobación del Viceministro Luís Carrión.

 

López buscó aprobación porque no tenía un caso legal contra Cruz y quería aplicar "medidas especiales". En noviembre de 1983 Baldizón investigó el caso debido a la solicitud de información de varios grupos de derechos humanos. El resultado de su investigación fue presentado al Ministro del Interior en diciembre de 1983, pero no se tomaron acciones posteriores.

 

- Durante 1983 fuerzas EPS y DGSE llevaron a cabo una campaña para contrarrestar los efectos de las actividades guerrilleras anti-gubernamentales en los departamentos Jinotega y Matagalpa. Más de 300 granjeros sospechosos de haber colaborados con los contra-revolucionarios fueron ejecutados por personal DGSE en las zonas Cua, Pantasma, Waslala y Río Blanco.

 

Muchos miembros de las familias de los granjeros que fueron asesinados reportaron que sus familiares habían "desaparecido" a la Comisión Permanente  de Derechos Humanos no gubernamental (CPDH) y a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (IACHR) de la Organización de Estados Americanos que publicaron listas de los nombres de la gente que había desaparecido en la región.

 

Residentes de los dos Departamentos continuaron quejándose y manifestando su descontento al gobierno. Esto, combinado con presión del CPDH y de IACHR, hizo que Borge ordenara una investigación de la oficina de Baldizón. Los investigadores informaron en junio de 1984 que más de 300 granjeros habían sido ejecutados y que en el 80% de los casos la ejecución fue propuesta por el Sub-Comandante Javier López Lowerli, el Delegado MINT en la Región IV, que pidió y recibió permiso para aplicar "medidas especiales" del Viceministro Luís Carrión.

 

Los investigadores también encontraron que el Comandante Guerrillero Alonso Porras, el Jefe Político del FSLN en la Región, el Comandante EPS en Matagalpa Javier Carrión, y Wilfredo Barreto, el delegado de gobierno en la región IV, también estuvieron involucrados en las ejecuciones.

 

Borge ordenó la creación de una oficina de fiscal especial para la Región IV que tomara acciones legales para satisfacer las quejas. La oficina, sin embargo, sólo puso cargos contra el Teniente Segundo EPS Rodríguez y tres funcionarios DGSE. Los tres jefes regionales principalmente responsables por las ejecuciones (Porras, López y Barreto) fueron simplemente transferidos a otras regiones.

 

Los cuatro funcionarios que recibieron cargos fueron liberados poco después, y Rodríguez, aunque había recibido una sentencia de cárcel, fue enviado a estudiar a Bulgaria. El gobierno nicaragüense continuó tomando acciones para mantener control sobre la región y forzó a cientos de familias rurales a abandonar sus hogares, ganado y tierras cultivadas en las montañas de Jinotega para irse a zonas de reasentamiento designadas.

 

Aunque la gente en la zona afectada sabía sobre los asesinatos, esto no se hizo público en el resto de Nicaragua porque el gobierno censuró toda publicación que reportase la matanza.

 

- Al final de 1984, residentes de algunas comunidades montañesas de los Departamentos Jinotega y Matagalpa reportaron la existencia de cementerios clandestinos a la oficina especial del fiscal. Los investigadores enviados a la zona encontraron esos cementerios en La Sompopera, municipalidad de El Cua; en el vecindario de Pantasma, y en un lugar llamado Cascajera en la municipalidad de Rancho Grande. Los investigadores concluyeron que esos cementerios fueron usados para enterrar víctimas de "medidas especiales".

 

- Durante el testimonio de 9 de octubre de 1985 a la Casa Subcomité sobre Derechos Humanos, se preguntó a Baldizón sobre abusos de derechos humanos que se había informado que cometieron la oposición armada nicaragüense, o los Contras. Él dijo que de lo que había visto durante su trabajo los contras no tenían una política de cometer abusos mientras que los Sandinistas sí.

 

Dijo que cuando ocurrieron los abusos de los Contras parecían ser motivados por venganza. Agregó que en algunas instancias los civiles que acompañaban convoys militares fueron atrapados en una emboscada y se reportaron como abusos. Él estimó entonces que por cada abuso de Contras había 10 cometidos por el gobierno.

 

Lo cierto es que el FSLN, con toda su carga de crímenes especialmente en los 11 años de su represivo gobierno comunista (1979-1990), sigue funcionando hoy como un partido “respetable” en el país que tanto dañó. Y Daniel Ortega, el actual presidente del castigado país, revolucionario comprometido primero y luego presidente también de Nicaragua entre 1985 y 1990[8] y por tanto participante y conocedor - como mínimo - de muchas de las atrocidades ocurridas bajo su mandato, nunca ha sido juzgado ni remotamente castigado por estas razones.

 

Notas:

[1] Declaraciones de Baldizón en "Desertor describe régimen sangriento, corrupto". Peter Samuel. 12 de octubre de 1985.

[2] “Dentro del régimen sandinista: la perspectiva de un Investigador Especial”. U.S. Government Printing Office. Washington D.C. 20402.

[3] Ibíd.

[4] Declaraciones de Baldizón en "Desertor describe régimen sangriento, corrupto". Peter Samuel. 12 de octubre de 1985.

[5] Ibíd.

[6] Ibíd.

[7] Casos en “Dentro del régimen sandinista: la perspectiva de un Investigador Especial”. U.S. Government Printing Office. Washington D.C. 20402.

[8] Ya detenido en el temprano 1967 por asalto a un banco y actividades dentro del FSLN contra el gobierno de Somoza.
 

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